Actualidad fiscal

29Jun 2017

El próximo miércoles 5 de Julio se celebrará esta interesante jornada en Madrid.

La internacionalización empresarial requiere, para su éxito, una adecuada gestión de los riesgos que pueden plantearse en las distintas operaciones y situaciones que conlleva.

La concurrencia de distintas divisas, las necesidades financieras en las operaciones comerciales y la operativa de los medios de cobro y pago internacionales, configuran un escenario que debe  analizarse con perspectiva estratégica, identificando procesos para generar valor y para optimizar la operativa empresarial internacional.

Atendiendo a esta necesidad, la Cámara de Madrid y Moneycorp Spain han organizado una jornada en la que se abordarán todas estas materias. más información e inscripciones aquí

 

Captura de pantalla 2017-06-29 a las 12.13.41PROGRAMA

08.40 hs    Registro de asistentes y entrega de documentación
09.00 hs    Presentación de la jornada
09.15 hs    Gestión del riesgo de cambio en operaciones internacionales
Perspectiva del mercado de divisas (FX) a nivel mundial
Situación macro España /UE /EE.UU
Escenario técnico y de volatilidad en el cruce EUR/USD
Estrategia para generar valor en la gestión de tesorería
Caso de éxito – seguro de cambio
Procedimiento operativo y regulación

Ponente:

D. Manuel Domínguez-Blanco
Gerente Global Foreign Exchange
Moneycorp Spain

10.30 hs    Coloquio
10.45 hs    Pausa café – Networking

11.15 hs    Gestión del riesgo de crédito en operaciones internacionales
Necesidades financieras de la empresa en sus operaciones internacionales de corto plazo
Operativa de los medios de cobro y pago
Aseguramiento del crédito
Recomendaciones para la empresa importadora y exportadora

Ponente:

D. Ignacio Echevarría Asteinza
Miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional

12.30 hs    Coloquio final

22Jun 2017

Artículo en Forbes que reflexiona sobre las opciones de los inversores de Reino Unido para adaptarse al Brexit.

Si bien el mercado estadounidense sigue siendo caro para los inversores de Reino Unido. existen varias vias para las empresas que buscan actividad de salida en el Reino Unido.

 

artículo completo aquí

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15Jun 2017

Interesante convocatoria de la Cámara de Comercio de Madrid.

Smart meeting es un formato de reunión individualizada donde los ejecutivos  pueden reunirse sin compromiso, con expertos en fiscalidad internacional  y plantearles sus inquietudes y necesidades sobre la fiscalidad internacional de su empresa.

Tendrá lugar los días 28 y 29 de Junio de 10:00 a 14:00h

Captura de pantalla 2017-06-15 a las 09.42.30más información e inscripciones aquí

 

15Nov 2016

La Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, han entrado en vigor recientemente para favorecer la digitalización de las Administraciones Públicas de nuestro país.

Y es que, la relación con los medios electrónicos (ad extra) y la relación con las demás Administraciones e instituciones del Estado (ad intra), son los mejores indicativos de la reforma que el big data ha traído a nuestra sociedad en los últimos años.

De hecho, tal y como ha analizado un estudio de la consultora tecnológica Capgemini, el IDC (International Data Corporation) y la escuela de negocio Politecnico di Milano, la forma de organizar los documentos y la relación de los ciudadanos con las Administraciones sigue mejorando respecto a la media europea.

Ya en su día, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) reconocía, en el informe elaborado en junio de 2013, la necesidad de impulsar estas medidas de manera simultánea bajo el “convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles”.

Por ello mismo, han entrado en vigor estas nuevas medidas para la administración electrónica con la intención de mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos y con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de los mismos.

En el informe elaborado por la consultora bajo el nombre 13th Benchmark Measurement of European Government Services, se ha analizado hasta qué punto los gobiernos europeos están aprovechando el entorno online para atender a sus ciudadanos y empresas. Entre sus conclusiones, destacan el progreso generalizado en toda Europa ya que los indicadores de digitalización de las administraciones han crecido un 8% hasta alcanzar un desarrollo medio del 61% en el viejo continente.

Además, la digitalización de España se sitúa por encima de la media europea, ya que con el 68% ocupa el decimoquinto lugar de los 33 países analizados.

No obstante, pese a que la norma ha entrado en vigor recientemente, las previsiones tales como el registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo único electrónico,  producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley.

01Sep 2016

Después de ejemplar sanción (13.000 millones de euros) que la Comisión Europea ha impuesto a Apple por haber eludido impuestos durante décadas en Europa gracias a acuerdos fiscales ad hoc suscritos con Irlanda a partir de 1991, muchas son las dudas que el ciudadano se hace al respecto. Por ello mismo, hoy analizamos algunas de las posibles preguntas que cualquier usuario o no de Apple se hace al respecto.

¿Por qué una sanción?

En palabras de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia Europea, “la investigación de la Comisión ha permitido concluir que Irlanda concedió a Apple ventajas fiscales ilegales que le permitieron pagar, a lo largo de varios años, un importe en concepto de impuestos considerablemente inferior al de otras empresas”.

De hecho, según la investigación iniciada en junio de 2014 por Bruselas, el esquema de evasión fiscal realizado por Apple ha permitido a la compañía tan sólo gravar con un 1% sus beneficios generados en toda Europa en el año 2003 para posteriormente ir reduciéndose progresivamente hasta alcanzar la cantidad minúscula del 0,005% en 2014.

¿Por qué 13.000 millones de euros?

La Comisión Europea cifra en 13.000 millones la cantidad que Apple dejó de tributar al beneficiarse del acuerdo preferente con Irlanda establecido en dos tax rulings en 1991 y 2007.

Es importante aquí remarcar que los tax rulings son acuerdos que se firman entre empresas y autoridades fiscales con la intención de permitir a las multinacionales hacer transferencias entre filiales suyas que estén en otros países en condiciones ventajosas, como es el caso de Irlanda.

¿Qué dice Irlanda de todo esto?

El país del norte de Europa también recurrirá la sanción puesto que no está de acuerdo con Bruselas. De hecho, el ministro de Finanzas, Michael Noonan, no ha dudado en salir a los medios de comunicación para informar que “no nos deja otra opción que recurrir para defender la integridad de nuestro sistema fiscal”.

Y es que, pese a que el país podría ser beneficiario de hasta 13.000 millones de euros más intereses, éste sabe que todo ello dañaría su imagen y eso podría provocar una salida masiva de sus muchas multinacionales por no querer formar parte de un supuesto “paraíso fiscal”.

¿Cuál es la respuesta de Apple?

Por el momento, recurrir esta decisión del Ejecutivo europeo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya que no está en consonancia con ella. No obstante, según el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, “esta maniobra no tiene precedentes y tendrá consecuencias muy serias”. Por ello, el de Alabama no ha perdido la oportunidad de demostrar su descontento en una entrevista al diario irlandés The Independent,  admitiendo que “nadie ha hecho nada malo” y denunciando que “todo es basura política”.

12Jul 2016

El golpe fiscal retroactivo a las stock options que dio en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y es que, el Alto Tribunal ha decidido por fin pronunciarse sobre una de las políticas del gobierno socialista, anulando el régimen retroactivo que el presidente de España y su gobierno consideró oportuno establecer en su momento.

La Ley de Economía Sostenible de Rodríguez Zapatero restringió el beneficio fiscal del que disfrutaban las stock options e introdujo un nuevo requisito con efecto retroactivo. No obstante, tras la primera reclamación al Supremo realizada en octubre de 2014, el Tribunal Constitucional ha decidido desestimar los argumentos del Estado para concluir que esta medida vulnera el artículo 9.3 de la Constitución.

El fallo afectará a aquellos directivos que disfrutaron de un plan de opciones sobre acciones permitiéndoles así recuperar lo que tributaron de más entre 2004 y 2010. De hecho, este fallo es sin duda un gran golpe bajo para el régimen de incentivos fiscales de las stock options, algo que ya se había encargado Mariano Rajoy de reducir posteriormente.

“Estamos ante un triunfo del principio de seguridad jurídica. El argumento sostenido por la Abogacía del Estado para justificar la retroactividad de la ley a siete ejercicios fiscales anteriores consistente en que son un vehículo para “eludir impuestos” carece de cualquier fundamento y revela un amplio desconocimiento de este tipo de instrumentos y su legalidad. Esperamos que esta resolución tenga un fuerte impacto económico con las solicitudes de devolución de ingresos indebidos que empezaran a presentarse próximamente”, afirma Álvaro Rey Riveiro, Socio Director de Cortizo Abogados.

La decisión del Tribunal Constitucional por lo tanto abre las puertas a directivos de grandes multinacionales que disfrutaron de un plan de opciones sobre acciones recuperar lo que tributaron de más durante esos 7 años. Entre ellos, importantes cargos de empresas como Telefónica, IBM, Microsoft, Merck, BBVA, GeneralElectric, Iberia IAG o Banco Santander.

¿Qué son las stock options?

Según explica Álvaro Rey Riveiro, “las stock options son un instrumento jurídico, totalmente legal, que permite a altos directivos y otros empleados minimizar el impacto fiscal de su retribución mediante la percepción de las mismas”.

En otras palabras, se trata de derechos que las empresas conceden a sus colaboradores o trabajadores a comprar un cierto número de acciones a un determinado precio de ejercicio y durante un período de tiempo. De hecho, cabe recordar que las stock options pueden adquirir un valor muy elevado, y más cuando en el momento de la ejecución la cotización de la acción supera al precio de ejercicio.

29Jun 2016

Tras el referéndum ocurrido y la decisión tomada por Reino Unido de abandonar la Unión Europea, muchos son los interrogantes que se abren en la actualidad sobre las posibles consecuencias que esta medida podría tener en los aspectos más importantes de la sociedad.

No obstante, estas preocupaciones no sólo han surgido en los últimos días entre los habitantes de UK sino que también lo han hecho en el resto de países que actualmente forman la Unión Europea.

Y es que, muchas son las variaciones que podrían darse en los próximos meses, empezando por los cambios que habría que realizar en infinidad de contratos por el nuevo papel que los tribunales británicos como foro de litigación internacional, y siguiendo por los cambios que esta salida provocaría en esas mismas resoluciones ya que perderían las ventajas del sistema de reconocimiento mutuo en el terreno civil y mercantil previsto en el Reglamento Bruselas I.

Del mismo modo, cuestiones de propiedad industrial y protección de datos también tendrían novedades puesto que la salida del Reino Unido de la UE también conllevaría una salida del sistema de marca y de diseño de la Unión, limitaciones en los registros de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE, o la imposibilidad de participar en el sistema de patente unitaria europea ya que el Tribunal de la UE no admite Estados terceros.

Otro de los interrogantes que se abren ahora en el horizonte es la armonización del derecho laboral que poseen los autónomos de otros países de la UE viéndose éstos imposibilitados a prestar sus servicios en Reino Unido o a residir allí.

A su vez, también habría cambios sobre la fiscalidad puesto que la salida de Reino Unido de la Unión Europea permitirá a los británicos asumir plenas competencias en materia tributaria y en cuestiones como el IVA, impuestos especiales o derechos de aduana.

Respecto a las sociedades, el Breixit también supondrá diferencias con el panorama actual ya que éstas perderán la libertad de establecimiento y prestación de servicios por el momento aunque todo apunta a que se regule un régimen similar para el establecimiento de sociedades extranjeras.

05May 2016

El Banco Central Europeo ha informado que una de las nuevas medidas para luchar contra el terrorismo y contra el blanqueo de capitales será la decisión de poner fecha de caducidad a la impresión de los billetes de 500 euros.

Por ello, tal y como ha informado el Consejo de Gobierno del BCE, los billetes de 500 euros dejarán de emitirse a finales de 2018 coincidiendo con las fechas en las que está prevista la introducción de los billetes de 100 y 200 euros de la nueva serie Euro 2, billetes que contarán con las mismas medidas de seguridad que ya poseen los billetes de 5, 10 y 20 euros, respectivamente.

No obstante, pese a que dejarán de imprimirse a finales de 2018, eso no supondrá su desaparición de nuestras vidas puesto que dichos billetes seguirán siendo de curso legal y por tanto podrán seguir utilizándose con normalidad.

¿Por qué el BCE deja de producir billetes de 500 euros?

La medida del Banco Central Europeo, tal y como recuerda la abogada de la firma Cortizo Abogados, Daniela Leal, es sin duda “una medida para luchar contra el blanqueo de capitales y para limitar la circulación de estos billetes”.

No obstante, la abogada también advierte que la decisión tomada por el Banco Central Europeo que dirige Mario Draghi deja entrever también otros factores a tener en cuenta en los nuevos tiempos en los que la tecnología está abriéndose paso a marchas forzadas.

“Esta medida anunciada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo deja claro que ha habido también un triunfo de los medios de pago electrónicos que están haciendo que la gente utilice cada vez más estos mecanismos antes que los billetes de 500 euros”, sentencia Leal.

08Feb 2016

El objeto de la presente nota es la de informar sobre aquellas cuestiones con incidencia tributaria que puedan resultar de interés para las empresas que conforman su sector empresarial. A este respecto, se podrán exponer noticias de actualidad, normativa aplicable de cualquier impuesto, o aquella doctrina (i.e. sentencias, resoluciones o consultas) que pueda ilustrar determinados aspectos relevantes para la gestión de los impuestos.

1.   PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS en grupos de sociedades

Los préstamos participativos se han convertido en los últimos años en una de las opciones más utilizadas como fuente de financiación por las empresas y los empresarios.

Esta tipología de préstamo se regula en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. A continuación se indican brevemente sus principales características;

  1. La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria en base a algún criterio (i.e. volumen de negocio o patrimonio total). Además, ambas partes podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
  2. Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
  3. Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos se situarán después de los acreedores comunes.
  4. Por último, tendrán la consideración de patrimonio neto a los efectos de reducción del capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil.

En principio y con carácter general, tanto los intereses fijos como los variables derivados de un préstamo participativo tendrán la consideración de gasto deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad prestataria.

No obstante, en el caso de préstamos participativos otorgados por entidades del mismo grupo de sociedades en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, y con efectos desde los ejercicios iniciados desde 1 de enero de 2015, la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que los intereses percibidos por el prestamista deberán entenderse como una retribución de los fondos propios, y por lo tanto, con independencia de su tratamiento contable, no tendrán la consideración de gastos deducibles (esta limitación no resultará de aplicación a los contratos otorgados con anterioridad a 20 de junio de 2014).

En contrapartida, para evitar una doble imposición no deseada, la entidad prestamista de un contrato de préstamo participativo o la perceptora de las retribuciones de esos valores que no son considerados como gasto deducible, podrá aplicar bajo determinadas circunstancias, la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.

Otra cuestión que puede resultar de interés en este supuesto de vinculación tiene relación con la posible aplicación la limitación en la deducibilidad de gastos financieros regulada en el artículo 16 de la normativa del Impuesto sobre Sociedades. A este respecto, la Dirección General de Tributos ha manifestado recientemente que, dado que los préstamos participativos otorgados por entidades del grupo generan gastos financieros no deducibles, éstos ya no se ven afectados por la citada limitación. Por tanto, una interpretación coherente y sistemática de la norma permite determinar que los préstamos participativos no deben ser considerados como deuda a estos efectos.

2.   RESERVAS DE nivelación y CAPITALIZACIÓN: MOMENTO TEMPORAL DE la DOTACIÓN

Como ya se ha expuesto anteriormente en otras notas informativas, el artículo 105 de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé la posibilidad de dotar la llamada reserva de nivelación para las entidades de reducida dimensión, que cumpliendo determinadas condiciones, puedan minorar su base imponible positiva hasta el 10% de su importe.

A este respecto, cabe recordar que las cantidades minoradas se adicionarán a la base imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración, siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa y hasta el importe de la misma. El importe restante se adicionará a la base imponible del período impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo.

La reserva, según se establece expresamente, debe dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta reserva, la minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.

Pues bien, uno de los requisitos que establece el citado artículo 105 es que se dote una reserva por el importe de la minoración, que será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca la adición a la base imponible de la entidad de las cantidades minoradas. Hasta la fecha se planteaba la duda de cuál sería el momento de la dotación, cuestión que ha sido resulta recientemente por Tributos señalando que será en el momento determinado por la norma mercantil para la aplicación del resultado del ejercicio, es decir, cuando la Junta General resuelva sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

En concreto, a efectos de minorar la base imponible del periodo impositivo 2015 (si coincide con el año natural), este momento para poder dotar la reserva será cuando la Junta General resuelva sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Por su parte, en relación con la llamada reserva de capitalización, cabe recordar asimismo la opción por la que se permite aplicar una reducción de la base imponible del 10% del importe del incremento de los fondos propios existente en el período impositivo, condicionada, entre otros requisitos, a la dotación de una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción.

Al igual que en el caso de la reserva de nivelación, se plantea la cuestión de cuál es el momento en que la referida reserva debe ser objeto de registro, a lo que Tributos ha concluido lo siguiente;

  • El cumplimiento formal del requisito de dotación de la reserva indisponible se entenderá cumplido siempre que su dotación se produzca en el plazo legalmente previsto en la normativa mercantil para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente al período impositivo en que se aplique la reducción, ya que efectivamente sólo a la finalización del período impositivo es posible conocer el incremento de fondos propios que se haya realizado en dicho período.
  • En concreto, a efectos de aplicar dicha reducción en el periodo impositivo de 2015, podrá aplicarse siempre que la reserva se dote antes de la aprobación de cuentas de 2015 (es decir, en 2016 y previsiblemente no más tarde del 30 de junio). Por su parte, el plazo de cinco años de indisponibilidad de la reserva se computará desde el 31 de diciembre de 2015.

3.   Retribución de administradores: renta irregular

En esta nota traemos a colación una reciente consulta evacuada por la Dirección General de Tributos en la que se manifiesta sobre el tratamiento como renta irregular de determinadas retribuciones de administradores (consulta V2686-15, de 17 de septiembre de 2015).

En concreto, se plantea el supuesto de un administrador de una sociedad anónima unipersonal en cuyos estatutos sociales se establece el carácter retribuido del cargo de administrador en una cantidad anual fija que aprobará la Junta Anual de Accionistas de cada ejercicio en función de la situación económica financiera y perspectivas de inversión de la sociedad.

En su momento, en el año 2012, la Junta General aprobó una cantidad a pagar que quedaba condicionada a la consecución de un determinado volumen de ventas de la compañía, volumen que se cumple en el ejercicio 2013, pagándose dicha cantidad en octubre de 2014 tras la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013. El importe satisfecho es la única retribución percibida por el consultante por el ejercicio del cargo de administrador durante esos años, planteándose la posibilidad de aplicar la reducción para rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años.logo_slider

En este caso Tributos concluye que, teniendo en cuenta que la retribución satisfecha es la única que se le ha abonado en virtud de su cargo de administrador en ese período, aunque los Estatutos establecían una retribución fija anual, parece que podría entenderse que la cantidad global satisfecha en 2014 deriva de una simple acumulación de las cantidades anuales que corresponden a los ejercicios en los que el administrador ha desempeñado su cargo o, desde otra perspectiva, que la retribución acordada por la Junta ha sido fijada al margen de los Estatutos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección General de Tributos entiende que al tratarse de una acumulación de retribuciones no existiría un periodo de generación superior a dos años, lo que impediría la aplicación de la reducción para rendimientos del trabajo irregulares.

La misma conclusión alcanza el organismo para el caso de considerar que se trata de una retribución ajena a la prevista estatutariamente, ya que el periodo de generación de esa retribución sería el transcurrido entre el acuerdo de la Junta (julio de 2012) y el momento en que se entiende cumplido el requisito del volumen de ventas al que se condiciona el pago de la retribución (2013), es decir, un período no superior a dos años.

Resultará relevante tener en cuenta este criterio con el fin de optimizar el posible pago de cantidades extraordinarias a los administradores.

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Esperamos que esta información le resulte de interés. En todo caso, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el contenido de esta nota así como para analizar en detalle su caso concreto. Tenga en cuenta que este contenido se refiere a la normativa de territorio común, y no a los territorios forales de País Vasco y Navarra.

Le recordamos que la presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico.

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