Una proposición de Ley de reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa pretende, entre otras medidas, la supresión del criterio del vencimiento vía contencioso administrativa.

Interesante artículo de opinión escrito por Hugo Perdomo.

El pasado 22 de septiembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que pretende, entre otras medidas, la supresión del criterio del vencimiento en la vía contencioso administrativa.

Originariamente en esta jurisdicción no se imponían costas procesales a la parte vencida salvo que ésta hubiera actuado con mala fe o temeridad. Por ello, era excepcional encontrar sentencias que impusieran, a una de las partes, las costas del proceso, aun cuando fuera altamente discutible la fundamentación jurídica que anidaba detrás del recurso desestimado.

Este status quo se modificó con la cuestionada Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que, entre otras reformas, estableció el ya comentado criterio del vencimiento en el orden contencioso administrativo. Ello suponía la imposición de las costas del proceso a la parte que hubiera visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que se apreciara por el tribunal y, además lo razonara, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En la práctica esto se traducía en que en la gran mayoría de los procedimientos, cuando la estimación era total, las costas se imponían a la parte perdedora, y en muy  pocas ocasiones, aun cuando la cuestión fuese compleja y presentara serias dudas, se exoneraba a la parte vencida de soportar estos gastos.

El objetivo de la Ley 37/2011 era disminuir la alta litigiosidad existente para así asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos pudieran disponer de un servicio público de calidad, haciendo efectivo el derecho a obtener la tutela efectiva de los Tribunales.

Atendiendo a este objetivo, a través de la citada Ley se establecieron, entre otras, dos medidas de gran calado; por un lado, la ya comentada modificación del criterio de imposición de  costas; y por otro, la implantación de la controvertida tasa judicial, declarada luego inconstitucional por nuestro TC (Sentencia 140/2016, de 21 de julio).

Resulta incierto el recorrido que puede tener esta proposición de Ley, y no se sabe si tendrá el apoyo suficiente para llegar a buen puerto. Pero según su opinión, la supresión del principio del vencimiento en el ámbito contencioso administrativo es muy aconsejable, no solo por cuanto limita el acceso a la justicia de aquellos ciudadanos que consideran que la Administración ha atentado contra sus legítimos intereses, sino porque, además, con su implementación no se estableció un sistema apriorístico y objetivo para determinar su importe, lo que hace que al aspecto negativo de una posible condena en costas se sume la incertidumbre de su cuantía.

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