La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad por inconstitucionalidad de la amnistía fiscal (DA 1.ª del RD-L 12/2012) asoma comentarios valiosos para entender cómo debe conceptualizarse dogmáticamente la exención de pena que el art. 305.4 del Código Penal establece para aquel obligado tributario que regularice su situación fiscal con anterioridad a tener conocimiento del inicio de actuaciones de comprobación o inspección. La conclusión obligada pasa por negarle naturaleza justificadora o destipificadora.

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